Durante la sexta Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación (CICOD) se socializaron las acciones para el cumplimiento de la Sentencia 4360 de 2018, donde se reconoce a la Amazonia como sujeto de derechos.

Uno de los compromisos alcanzados fue generar una mesa técnica de trabajo para realizar seguimiento a la sentencia.

Las acciones interinstitucionales incluyen actividades del sector ambiente y diferentes entidades del ámbito nacional y local relacionadas con la transformación territorial que lidera la Agencia de Renovación del Territorio en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos que lidera la Dirección Nacional de Sustitución y los acuerdos de conservación y no deforestación que lidera el Sistema Nacional Ambiental, entre otras.

Dentro de los derechos que fueron objeto de esta tutela se encuentra el derecho a un ambiente sano, vida y salud, a la conservación y la reducción de la deforestación con el objeto de cumplir la meta a 2030.

“En esta sentencia la Corte se basó para sus órdenes en tres principios fundamentales: Equidad intergeneracional, Solidaridad y Precaución; de esta manera las órdenes se materializan en el plan de acción que debe estar articulado con cada una de las entidades en su formulación e implementación y con el Pacto Intergeneracional de Vida del Amazonas colombiano en el marco del principio de la equidad intergeneracional”, explicó Natalia Ramírez, directora (e) de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.

Durante la sesión del Comité, se acordó además incluir la formulación del CONPES de Control a la Deforestación como instrumento clave para lograr una acción transectorial coherente, que permita lograr las metas de país en el Plan de Acción de la sentencia.

Con el objetivo de cumplir con los tiempos establecidos por la Sentencia, en la CICOD de igual forma se acordó conformar una mesa de trabajo para revisar la Directiva Presidencial, de manera que cada entidad avale el contenido del Plan que se presentará para la formulación, gestión y ejecución en el marco del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Dentro de los avances del país que contribuyen al cumplimiento de la sentencia y están enmarcados en las acciones como la Estrategia Integral para el Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques, se destaca la ejecución de 10 proyectos del Pilar Indígena de Visión Amazonia por un total de 6.000 millones de pesos, beneficiando a 5.100 familias indígenas. Figuran además la conformación y fortalecimiento de las Mesas Departamentales Forestales en Caquetá, Guaviare, Putumayo y Amazonas; la expedición de la Resolución 261 de 2018 para el Cierre de Frontera Agrícola; la implementación de 8 proyectos productivos sostenibles con 992 familias en 98,531 hectáreas planificadas y 32.762 hectáreas bajo acuerdos de conservación.

Otras acciones como la inclusión del componente de Economía Forestal del CONPES 3439 de 2018 “Crecimiento Verde”, la suscripción e implementación de acuerdos SINA-Desarrollo Rural – Posconflicto para la reducción de la deforestación, la ampliación de Chiribiquete y la declaratoria de la Reserva Forestal Protectora de La Lindosa, también contribuyen al cumplimiento de la sentencia.

Estas acciones se han apoyado en decisiones del Gobierno Nacional como la implementación de directrices ambientales en vías terciarias y la suspensión del proyecto Marginal de la Selva, además de la publicación de tres boletines de alertas tempranas al año y la cifra de deforestación para la Amazonia por parte del Ideam y la conformación y operación de las Coordinaciones de Control a la Deforestación en Caquetá, Guaviare, Putumayo y Sur del Meta. En estas zonas se han realizado al menos tres operativos al año por cada núcleo activo de deforestación y se han llevado procesos sancionatorios y judiciales para el 100% de los operativos realizados. Estas acciones se han apoyado en reglamentación como la Resolución 1196 de junio de 2018 del Registro de Motosierras. Al igual que el diseño e implementación del Servicio Forestal Nacional, entre otras acciones habilitantes.

El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, quien presidió la Comisión, señaló que deja “al gobierno entrante una política para enfrentar la deforestación a través de la Estrategia Integral de Control a la deforestación que tiene inmersos muchos de los puntos que la Corte plasma en la sentencia, por lo que ya hay un trabajo adelantado”.

Además del Ministerio de Ambiente, la CICOD contó con la participación de los ministerios de Agricultura, Transporte, Postconflicto, Defensa, Minas y Energía, y de invitados permanentes como Parques Nacionales y la Fiscalía General de la Nación, Fondo Adaptación e IDEAM.

Tomado de: www.minambiente.gov.co